Segons diu l’article los antiguos dueños opinan que ahora se ha probado que la expropiación fue un hecho con «clara intencionalidad política dirigido al interés personal de algunas autoridades políticas que no han tenido en cuenta los derechos de una familia que fueron atropellados».
Des del Fòrum vegem injustificat que els antics propietaris del castell diguen que l’expropiació del castell tenia una intencionalitat política i estava dirigit per interès personal d’algunes autoritats polítiques.
Al nostre ajuntament ninguna autoritat política té interessos personals de cara a presidir la Generalitat Valenciana, tampoc desenvolupa accions quan tenim a prop unes eleccions i, menys encara, utilitza tots els recursos econòmics (els que tenim i els que no tenim els ciutadans d’Alaquàs) per a promocionar-se públicament.
10 març 2007
«Acusaciones injustas y falsas»
El recurso contra el acuerdo del Consell de noviembre de 2002 es la única acción judicial que la familia Lassala-Gómez Trénor había mantenido sobre la expropiación, ya que el resto se retiraron cuando en 2005 llegaron a un acuerdo económico con el ayuntamiento. Al conocer el fallo, los Lassala han expresado su «satisfacción» porque consideran que el TSJ «ha rechazado las injustas y falsas acusaciones vertidas por el ayuntamiento y el gobierno valenciano» y también su «profunda desilusión y tristeza» por el «injusto trato» del alcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, «que ni siquiera merece figurar en ninguna de las publicaciones oficiales sobre la historia del monumento». La familia alude al «ignominioso desahucio de la noche a la mañana». A días de la reapertura del Castell rehabilitado, los Lassala «quieren reivindicar la labor desarrollada en más de 60 años» ya que opinan que «si el pueblo puede disfrutar hoy de este maravilloso monumento se debe a la sensibilidad de una familia que ha dedicado a su rehabilitación todos sus conocimientos, su trabajo y su fortuna». Además, los antiguos dueños opinan que ahora se ha probado que la expropiación fue un hecho con «clara intencionalidad política dirigido al interés personal de algunas autoridades políticas que no han tenido en cuenta los derechos de una familia que fueron atropellados».