10 març 2007
La sentencia del TSJ sobre el Castell de Alaquàs no afectará al proceso de recuperación del monumento
El alcalde llegó a un acuerdo con los dueños en 2005 con lo que se puso fin a la expropiación
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaró nulo el acuerdo del Consell por el que se autorizó la expropiación por vía de urgencia del Castell de Alaquàs no tendrá consecuencias en el proceso de recuperación para el uso público del monumento. La causa es que el fallo judicial estimaba que la urgente ocupación no estaba justificada por lo que remitía a la vía expropiatoria ordinaria, como la más adecuada para adquirir el inmueble. Pero cuando se ha dictado el fallo por el TSJ, el asunto ya estaba liquidado, puesto que el Ayuntamiento de Alaquàs y los antiguos propietarios, la familia Lassala-Gómez Trénor, lograron llegar a un acuerdo en 2005 sobre el precio del monumento.
Con todo, el Ayuntamiento de Alaquàs ha recurrido la sentencia porque sigue defendiendo que la urgencia estaba justificada. No obstante, el alcalde socialista de Alaquàs, Jorge Alarte, no quiso ayer pronunciarse sobre la sentencia, ni tampoco sobre las críticas que la familia Lassala le ha dirigido al obtener esta sentencia favorable. El Ayuntamiento de Alaquàs inició el proceso de expropiación forzosa el 13 de junio de 2002. En la misma sesión plenaria, se acordó solicitar a la Generalitat Valenciana la urgente ocupación. Se esgrimían entonces razones como el estado de deterioro del inmueble «con daños a los valores patrimoniales y artísticos» , así como la necesidad urgente de trasladar la escuela permanente de adultos, cuyas instalaciones tenían que ser clausuradas en breve.
Negociación con Olivas.
Aunque inicialmente hubo reticencias por parte de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, una negociación directa del alcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, consiguió el visto bueno del Consell, que tomó el acuerdo el 19 de noviembre de 2002. De este modo, el consistorio tuvo las llaves del Castell el 3 de enero de 2003 y el 28 de febrero se abría como centro cultural municipal. La segunda batalla se libró en el justiprecio, cuyo expediente fue pasando del jurado provincial de expropiaciones a la Generalitat Valenciana, aunque finalmente el litigio se acabó cuando el consistorio llegó a un acuerdo con los antiguos propietarios, en julio de 2005, por el que se fijó el precio en algo más de tres millones de euros. De esta forma se ponía fin al proceso expropiatorio. El acuerdo supuso que los Lassala retiraran todos los recursos judiciales en marcha, a excepción del que habían interpuesto contra la decisión del Consell, para el que ahora han obtenido una sentencia favorable. Los antiguos dueños del monumento consideran que el fallo del TSJ «ha rechazado las injustas y falsas acusaciones vertidas por el ayuntamiento y el gobierno valenciano» .