22 d'abril de 2009
El Colegio de Abogados avaló la legalidad del contrato de una letrada en Alaquàs
F. A., ValenciaEl Colegio de Abogados de Valencia dictaminó, en una resolución del 25 de julio de 2005, que la contratación de la letrada Juana Soriano para prestar asistencia jurídica a las mujeres que denuncian ser víctimas de malos tratos se ajusta perfectamente a la legalidad. La respuesta colegial se producía a cuenta de una denuncia presentada por una letrada concejal del PP en Alaquàs, que se sentía discriminada en su condición de abogada del turno de oficio. Acusaba a Alarte de implantar de forma irregular una especie de turno de oficio paralelo en el consistorio. "Se concluye que cualquier asistencia prestada por la citada letrada [en alusión a Juana Soriano] en asuntos de violencia doméstica implicará que continúe con el asunto hasta su finalización, en virtud del convenio establecido con el Ayuntamiento de Alaquàs", razonaba la Junta de Gobierno reunida en el 14 de julio de 2005. Soriano percibe desde 2000 una minuta municipal por prestar sus servicios al consistorio, que incluye la defensa de los policías locales denunciados o la ayuda a personas que acuden a los servicios sociales. El pasado 29 de enero, la mesa de contratación municipal, en la que estaba presente como vocal el portavoz municipal Antonio Monzó, aprobó la renovación del contrato con la abogada municipal. No hubo ningún voto particular en contra de adjudicar, por décimo año consecutivo, la prestación de ese servicio a Juana Soriano. La dirección regional del PP acusa a Alarte de favoritismo y alega que esta abogada trabajó para el padre del alcalde y secretario general del PSPV, que es empresario, hace años.El secretario general del PP, Ricardo Costa, ha llevado hoy a la Fiscalía Anticorrupción esta relación contractual. El portavoz socialista en Alaquàs, Juan Antonio Oñate, llamó "sinvergüenza" a Costa.