Notícies d'Alaquàs

18 de juliol 2008

EL NOU PGOU I LES FÀBRIQUES AFECTADES



17 de juliol de 2008

Los empresarios del Bovalar de Alaquàs temen que 800 empleados vayan al paro al proyectarse pisos

El alcalde de la localidad asegura que el polígono será "zona residencial con carácter voluntario"

17.07.08 - M. J. C. ALAQUÀS

Las empresas del polígono industrial del Bovalar de Alaquàs llevan años de difícil convivencia con los adosados del barrio de la Purísima. Ruidos, olores y polvo pusieron en pie de guerra a los vecinos, que consiguieron una victoria parcial: la prohibición de trabajar en horario nocturno.

El futuro Plan General de Ordenación Urbana de la localidad plantea ahora la eliminación definitiva de las empresas de esta zona industrial, que pasará a ser suelo residencial para la construcción de viviendas. Era el objetivo propuesto por los vecinos de la Purísima.

Sin embargo, los empresarios creen que esta decisión supondrá "la desaparición de más de un centenar de pequeñas industrias y con ellas el puesto de trabajo de más de 800 empleados". Los propietarios se han organizado en una plataforma que ya se ha reunido en dos ocasiones con representantes del equipo de gobierno.

Pepe Ronda es el portavoz de esta comisión de afectados, que criticó ayer que el Ayuntamiento solamente se haya ofrecido a negociar con la Conselleria de Territorio un aumento de la edificabilidad para que los propietarios tengan mayores beneficios por la venta del suelo. Sin embargo, se muestran tajantes. "Nosotros no somos especuladores del suelo, sino empresarios, y queremos seguir trabajando", explicó Ronda.

"No nos han ofrecido ni siquiera la posibilidad de trasladarnos, ya que la compensación económica que tendremos no nos lo permite. La mayoría tendrá que cerrar definitivamente", lamentó el portavoz de los empresarios afectados.

En el último pleno municipal se aprobó ampliar hasta el próximo 30 de septiembre el plazo de alegaciones al Plan General. "Por supuesto que vamos a alegar. Nunca se había visto un Ayuntamiento que estuviera dispuesto a acabar con cientos de puestos de trabajo", protestó Ronda.

En 2002, cuando se presentó el concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana que ahora se encuentra ya en periodo de alegaciones, el alcalde, el socialista Jorge Alarte, "nos prometió que cobraríamos cuatro veces más de lo que valían nuestras naves. Pero esa no es la realidad. Al contrario, ni siquiera nos ofrecen lo que vale la propiedad", explicó Lola Ferrer, una de las empresarias afectadas por la nueva ordenación urbanística de la zona.

El crecimiento de Alaquàs ha hecho que estas empresas hayan quedado pegadas a las viviendas. El Plan General contempla la que será la última ampliación de la zona urbana, a costa de este polígono industrial. Pero los empresarios se quejan de que estas industrias son muy pequeñas, algunas con tan sólo cuatro o cinco trabajadores, y por tanto no pueden asumir el coste que supondría su traslado y tendrían que cerrar.

"La gente está muy asustada porque no vemos nada claro el futuro", dijo Ronda. Por su parte, Lola Ferrer aseguró que están dispuestos a llegar "hasta donde haga falta". "No queremos ganar dinero con la especulación, sino con la industria. Si no nos satisface lo que nos ofrece el Ayuntamiento estamos dispuestos a movilizarnos o ir a la huelga", anunció Ferrer.

Los empresarios se han mostrado incluso contrarios a incrementar el número de viviendas en Alaquàs. "Hay muchos pisos vacíos y no creemos que sea tan necesario construir y más a costa de industrias que generan empleo", explicó el portavoz de esta comisión, que tiene previsto reunirse de nuevo con el alcalde de la localidad y con los técnicos que han redactado el Plan General de Ordenación Urbana.

El alcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, explicó sin embargo que las alegaciones que presenten los empresarios serán aceptadas por el Ayuntamiento siempre que cumplan con la legalidad. "La situación del polígono industrial ha creado un conflicto social durante los últimos 20 años", dijo Alarte.

El primer edil dejó claro que las empresas podrán permanecer durante los próximos 10 o 15 años y que el plan contempla la transformación en zona residencial "con carácter voluntario". Alarte cree que con esta medida se acabará con un conflicto que ha afectado durante años a los vecinos del municipio.